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Investigación sobre la normativa andaluza relativa a las superficies comerciales : tras haber impugnado las normativas española y catalana en materia de urbanismo comercial (veanse la noticia breve de abril de 2008),  la Comisión europea ha anunciado el 05/06/2008 la apertura de un nuevo procedimiento con relación a a las restricciones que pesan sobre el establecimiento de superficies comerciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía exige, por ejemplo, que se obtenga una licencia comercial específica con anterioridad a la licencia municipal para la implantación y los traspasos de « grandes establecimientos comerciales », a partir de 1 000 m2 en algunos municipios. La Comisión opina que « los criterios utilizados para decidir la concesión de licencias …no parecen suficientemente previsibles ni objetivos, pues dejan un margen de apreciación importante a las autoridades que expiden las licencias, al permitir incluso la participación indirecta en el proceso de decisión de representantes de los intereses económicos ya presentes, lo cual afecta a la seguridad jurídica de los operadores que desean implantarse en Andalucía ». El procemiento parece además « especialmente complejo y restrictivo ».

El objeto del procemiento lanzado por la Comisión es de comprobar si la normativa andaluza viola el derecho comunitario relativo a libertad de establecimiento.

Validez de la Directiva sobre la contaminación procedente de los buques y las sanciones en caso de descargas accidentales: varias  organizaciones del sector del transporte marítimo impugnaron la Directiva 2005/35 de 07/09/2005 relativa a la contaminación procedente de los buques y a las sanciones en caso de infracciones, ante la justicia británica con motivo de que ciertas de sus disposiciones no respetan dos convenios internacionales: la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, firmado en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 (y aprobada en nombre de la Comunidad Europea en1998) y el convenio para prevenir la contaminación por los buques, firmado en Londres el 2 de noviembre de 1973 (convenio Marpol 73/78).

La jurisdicción británica remitió el asunto al  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste juzgue de la validez de la Directiva europea respecto a los dos convenios.

El Tribunal recuerda que los acuerdos internacionales celebrados  por la Comunidad tienen primacía  sobre los actos de Derecho comunitario, pero no los otros. Por consiguiente, las instituciciones comunitarias no están vinculadas por el Convenio Marpol ya que la Comunidad no es parte contratante en este último.

En lo que se refiere a la convención de Montego Bay, ésta no establece normas destinadas a aplicarse directa e inmediatamente a los particulares y no confiere a estos derechos y libertades que puedans ser invocados frente a los Estados. Por este motivo , el juez comunitario no puede apreciar la validez de la directiva impugnada en relación con los convenios citados.

(Tribunal de Justicia, 03/06/2008, asunto C-308/06, Intertanko y otros / Secretary of State for Transport)