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Las noticias de la Unión Europea relativas a los proyectos de reglamentos, y
directivas presentados en diciembre de 2011 estan presentadas segun un
orden cronológico, de la más reciente a la más antigua
Ver tambien
las
noticias breves de enero de 2012
Protección
de los menores contra la sustracción internacional: el Convenio de
La Haya de 1980 sobre la soustracción internacional de menores
garantiza el retorno inmediato
de los menores sustraídos por un progenitor a su país de residencia
y protege el derecho de visita. Fue ratificado por 86 países,
incluidos todos los países miembros de la Unión Europea.
De
conformidad con el apartado 4 del artículo 38 del Convenio que
dispone que éste se aplica
entre el Estado que se adhiere y los Estados contratantes que hayan
declarado que aceptan esa adhesión, la Comisión Europea presentó
el 21/12/2011 al Consejo una propuesta para aceptar la adhesión de
ocho nuevos países: Rusia,
Albania, Andorra, Armenia, Gabón, Marruecos, Seychelles y Singapur.
Las normas del Convenio de La Haya completan las normas europeas
vigentes entre los países miembros de la UE (Reglamento 2201/2003,
denominado reglamento Bruselas II bis) que organizan el retorno del
menor, con objeto de extender de esa manera la
protección a escala mundial.
Reforma
de la legislación comunitaria relativa a contratos públicos: la
contratación pública representa un 18% del PIB de la Unión
Europea. La revisión de las directivas comunitarias sobre la
contratación pública es una de las acciones prioritarias previstas
en el Acta del mercado único adoptado en abril de 2011. La Comisión
Europea presentó del 20/12/2011 propuestas con el fin de facilitar
la adjudicación de los contratos y permitir a los poderes públicos de
comprar con la mejor relación calidad-precio (“value
for money”).
Las
nuevas normas son las siguientes:
- recurso
más frecuente a la negociación, generalización de la vía
electrónica para la comunicación en el ámbito de la contratación
pública, reducción de la documentación requerrida a los agentes
económicos;
- acceso
más facil de las PYME a los contratos públicos, por ejemplo
gracias a une incitación fuerte para el reparto en lotes de los
contratos y a la limitación de los requisitos de
capacidad financiera a la hora de presentar una oferta;
- un
mejor uso cualitativo del sistema público de pedidos haciendo
hincapié en los criterios sociales y medioambientales;
- mejoras
de las garantías existentes a fin de evitar los conflictos de
interés, el favoritismo y la corrupción, con el fin de garantizar
aún más la integridad de los procedimientos habida cuenta de los
intereses financieros en juego;
- designación
por los Estados miembros de una autoridad nacional única encargada
de controlar los contratos públicos.
La
reforma incluye también una nueva directiva sobre las concesiones.
Abarcará los acuerdos de asociación entre una entidad en general
pública y una empresa a menudo privada, en la que esta última asume
el riesgo de explotación relativo al mantenimiento y al desarrollo
de las infraestructuras (puertos, distribución de agua,
aparcamientos, carreteras con peaje, etc) o al suministro de
lservicios de interés económico general (energía, salud,
distribución y tratamiento del agua y eliminación de los residuos,
etc).
Las
concesiones serán sujetas a una publicación obligatoria en el
Diario Oficial de la UE. La Directiva precisará también las
obligaciones de los poderes adjudicatores en cuanto a la elección de
criterios de selección y atribución. Impondrá algunas garantías
básicas que deberán respetarse durante el procedimiento de
adjudicación y extenderán las normas de la Directiva sobre los
recursos en materia de contratación pública a todas las personas interesadas
en la obtención de una concesión.
Espacio
único de pagos en euros: el Consejo de la Unión europea confirmó
el 20/12/2011 que se ha logrado un acuerdo con el Parlamento Europeo
sobre el proyecto de Reglamento relativo a exigencias técnicas
para las transferencias y domiciliaciones en euros. El Reglamento
podrá adoptarse en primera lectura y permitirá que la zona única
de pagos en euros (SEPA por sus siglas en inglés) se concrete
gracias a normas técnicas comunes que permitirán estandarizar los
pagos transfronterizos.
Por
consiguiente, un ciudadano no tendrá necesidad de tener varias
cuentas bancarias a fin, por ejemplo, de ingresar el salario ganado
en otro país miembro o de pagar facturas en otro país, y podrá
usar para ello una cuenta bancaria única. El Reglamento dispone que
los bancos tendrán un plazo hasta el 01/02/2014 para eliminar
los obstaculos nacionales a las transferencias y a las
domiciliaciones. También preve la supresión progresiva
de las tasas multilaterales de intercambio para pagos
internacionales a partir del 01/02/2017 y para pagos transfronterizos de
aquí al 01/11/2012.
Revisión
de la Directiva sobre las cualificaciones profesionales: con el fin
de hacer más fácil la libre circulación de trabajadores
en la Unión europea, la Comisión propusó, el 19/12/2011, modificar
la Directiva comunitaria 2005/36 relativa a las cualificaciones
profesionales. Uno de los cambios propuestos es la creación de una
tarjeta profesional europea que permitiría un reconocimiento
mutuo más fácil y rápido de las cualificaciones en todos los
países de la Unión. La nueva Directiva preve también una
ventanilla única que permitirá a los profesionales que soliciten
el reconocimiento de sus cualificaciones obtener información y
hacer en linea los trámites necesarios. Los requisitos
mínimos de formación que deben cumplir algunas profesiones se
actualizan (las profesiones en cuestión son profesiones médicas y
paramédicas así como los arquitectos).
Un
sistema de alerta obligará a las autoridades competentes de un país
a avisar a sus homólogos de los otros países miembros cuando un
profesional sanitario es objeto de una prohibición de ejercer.
Otras
novedades son la instauración de marcos comunes de formación y
de examenes comunes y la obligación para los Estados de proporcionar
una lista de sus profesiones reguladas y justificar la necesidad de
tal regulación.
Impuestos
sobre sucesiones transfronterizas: cuando una persona hereda
propiedades en otro país que el suyo, puede ser obligada a
pagar impuesto sobre succesión en este país y en el suyo y la carga
del impuesto puede ser excesiva.
Para suprimir
el problema de la doble imposición, la Comisión Europea
propusó, el 15/12/2011, un conjunto de medidas sobre la fiscalidad
de las sucesiones, incluídas en una comunicación, una
recomendación y un documento de trabajo.
En lo
que se refiere a la doble imposición, la Comisión no propone
armonizar las distintas normas nacionales. Recomienda más bien
una aplicación más amplia y más flexible de las medidas
nacionales destinadas a eliminar la doble imposición, para reducir
las cargas fiscales.
En
cuanto al problema de la discriminación que se
plantea cuando Estados miembros aplican tipos de imposicion más
elevados si los activos, la persona fallecida y / o el legatorio se
encuentran fuera de su territorio, la Comisión recuerda que el
derecho de la Unión Europea prohíbe la discriminación y las
legislaciones cuyo efecto es obstaculizar la libre
circulación. El documento sienta los principios de una
fiscalidad sobre succesiones y donaciones no discriminatoria con
ejemplos procedentes de la jurisprudencia comunitaria para que
los Estados se conformen al derecho de la UE.
Propuestas
para reforzar los derechos consulares: los ciudadanos de los
países miembros de la Unión Europea se benefician de protección
consular cuando se encuentran en países terceros. Gracias a ésta
pueden pedir ayuda a cualquier consulado o embajada de otro Estado
miembro de la UE si el país del que son nacionales no
dispone de representación en el país tercero y ser evacuados si es
necesario, como los propios nacionales del país miembro al que han
solicitado asistencia. En una propuesta hecha pública el
14/12/2011, la Comisión Europea preve mejorar la asistencia que se
debe proporcionar a los ciudadanos de la Unión envueltos en
situaciones de crisis, como las que se produjeron en 2011 en Japón,
en Libia y en Egipto, o emergencias durante sus viajes al extranjero.
Más
información en el sitio
Internet de la Comisión Europea sobre la protección consular
Recortes
para la función pública europea: denigrados a menudo –
sin muchos motivos para ello – los funcionarios europeos son
objeto de propuestas de reformas que, según la Comisión, permitirán
realizar un ahorro de 1.000 millones de euros en 2020 y más de 1.000
millones de euros al año a más largo plazo. El contexto es
difícil y los gobiernos de los estados miembros demandan a la Unión
Europea que participe en el esfuerzo de austeridad.
Con
todo, la importancia del presupuesto comunitario no tiene
nada que ver con los presupuestos nacionales: asciende en,
aproximadamente, un 1% del PIB de la Unión Europea cuando
suele representar entre 30 y 50% del PIB en los Estados miembros y,
los gastos de administración son poco elevados: 6% aproximadamente
del presupuesto comunitario, de los cuales la mitad se dedica a los
salarios y las pensiones de los funcionarios. Los funcionarios y agentes de la Unión Europea solo son 55.000 (para 500
millones de habitantes de la UE) un número que se debe comparar con
el número de funcionarios de los estados miembros o de las
colectividades locales y regionales: ¡como ejemplo, el alcadía de
París emplea… a 50 000 personas! Obviamente, los derroches, si hay
derroches, existen sobre todo al nivel nacional.
Pero,
conforme con una costumbre bien afianzada, los Estados demandan
que la Unión Europea demuestre más disciplina
presupuestaria como si fuera responsable de la crisis de la
deuda soberana que padecen...
Presentadas
el 13/12/2011, las propuestas de la Comisión preven, en particular:
-
un aumento de la duración de la vida activa (la edad de la
jubilación pasará de 63 a 65 años, se facilitará la
posibilidad de trabajar de forma voluntaria hasta los 67 años y se
limitarán sustancialmente las normas de jubilación anticipada),
-
una reducción del 5% del personal de las distintas instituciones
durante el período 2013-2017
-
un aumento de la semana de trabajo mínima que pasará de
37,5 horas a 40 horas sin ajustes salariales compensatorios
-
una reducción del 18% de los sueldos del nuevo personal
administrativo y de secretaría
-
el mantenimiento de la exacción especial (5,5% en la actualidad) que
pagan los funcionarios además del impuesto sobre la renta y su
aumento hasta el 6%.
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