En la Sentencia de 15 de marzo de 2022 (asunto C-302/20, M. A c. Autorité des marchés financiers), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea explica cómo se aplican las normas europeas sobre abuso de mercado a los periodistas especializados en los mercados financieros.
La ley española obliga a los residentes en España a declarar los bienes y derechos que posean en otro país (inmuebles, cuentas bancarias, títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, seguros de vida, etc.).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró hace poco cómo se aplica la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajpo a un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial.
Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí eran funcionarios electos catalanes que estan acusados de sedición en España por haber organizado un referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Habiendo huído de España, son objeto de órdenes de detención europeos dictados por la justicia de este país. Han estado protegidos por su inmunidad como diputados electos del Parlamento Europeo. Pero desde que se ha levantado esta inmunidad, pueden ser extraditados.
La ley aprobada en Polonia en diciembre de 2019 para reformar el estatuto de los jueces causa un conflicto con la Unión Europea porque viola los valores democráticos en los que se basa la Unión.
El 15 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en asuntos relacionados con el uso de signos religiosos en el lugar de trabajo (Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2021, asuntos acumulados C-804/18 y C-341/19, IX y MH Müller Handels GmbH contra WABE eV y MJ). En dichos asuntos, dos empleadas de empresas alemanas cuestionaron la negativa de sus empleadores a permitirles llevar un pañuelo islámico en sus lugares de trabajo. Los empleadores invocaron la política de neutralidad de sus empresas repectivas.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea clarifica el ámbito de aplicación de los principios de libertad de circulación y de derecho de establecimiento, en un asunto relativo a los diplomados en derecho.
Con motivo de distintos asuntos (Laval, Viking, Rüffert y Comisión/Luxemburgo), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo la ocasión de responder a esta cuestión importante: ¿es la protección de los derechos de los trabajadores una razón imperiosa de interés general que puede justificar, como lo preve el Derecho comunitario, una restricción a la libre prestación de servicios? Aquellos que esperaban una respuesta favorable y precisa se decepcionaron: el Tribunal puso condiciones juzgadas preocupantes por los sindicatos para el ejercicio de ciertos derechos de los trabajadores y en particular estos que abarcan medidas de conflico colectivo ( huelga, bloqueo de empresas en este caso).
Con el fin de precisar como se ejerce el derecho a adopter medidas colectivas en el contexto del libre establecimiento et de la libre prestación de servicios, la Comisión presenta también un nuevo Reglamento que tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
