Francia debe explicarse sobre las expulsiones de gitanos - 2

 

La defensa del Gobierno francés

El Gobierno francés aboga que las medidas adoptadas respetan el Derecho comunitario, basándose, en particular, en las disposiciones de la Directiva 2004/38 (artículo 27) que permiten restricciones al derecho de libre circulación por razones de orden público, de seguridad páblica o salud pública (7). Recuerda tambien que la mayoría de las expulsiones se aplican a persones presentes en el territorio francés desde más de tres meses a quienes, además, se otorga una ayuda de 300 euros para los adultos, 100 euros para los niños y un billete de vuelta.

 

Además, como ya se ha evocado, la libertad de circulación de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea puede restringirse durante un período transitorio de siete años. Con el fin de proteger sus mercados laborales, los otros países miembros pueden limitar parcialmente o completamente el acceso a estos de los ciudadanos de los nuevos miembros de la UE. En el caso de Bulgaria y Rumania, miembros más recientes de la Unión, el periodo de transición se termina en 2014. Sin embargo este argumento no fué alegado por los Ministros Besson y Lellouche cuando se entrevistaron con la Comisión Europea el 31 de agosto de 2010 para explicar su posición.

La libre circulación para los trabajadores búlgaros y rumanos será efectiva el 1ro de enero de 2014. Hasta esta fecha, los otros Estados miembros pueden tomar medidas para restringir o prohibir el acceso de los trabajadores rumanos o bulgaros a sus mercados laborales. Este período transitorio que comienza en la fecha de adhesión de Rumania y Bulgaria (1ro de enero de 2007) consta de las las siguientes fases: Primera fase: 1ro de enero 2007 – 31 de diciembre de 2008: el acceso a los mercados laborales de los 25 países miembros esta determinado por las políticas nacionales y por acuerdos bilaterales con los nuevos miembros Segunda fase: 1ro de enero 2009 – 31 de diciembre de 2011: a finales de 2008, la Comisión Europea presenta un informe sobre la situación al Consejo. Los Estados deben comunicarle sus decisiones de abrir o no sus mercados durante ese período. Tercera fase : 1ro de enero 2012 – 31 de diciembre de 2013: la libre circulación debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2012, pero restricciones pueden mantenerse un año más si un estado lo pide abogando la existencia de problemas importantes de su mercado laboral. En la actualidad, 14 Estados sobre 25 han abierto completamente sus mercados laborales a los trabajadores rumanos y búlgaros: Dinamarca, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Hungría, Grecia, España y Portugal.

 

Para explicar su posición, los Ministros Eric Besson y Pierre Lellouche se entrevistaron con la Comisión europea el 31 de agosto 2010. Hicieron hincapié en los siguientes argumentos:

- La instalación ilícita de campamentos en “violación del derecho de propiedad que es un principio constitucional”

- Las “condiciones de vida de sus ocupantes que dañan el principio de dignidad humana y a las exigencias de salubridad pública”

- Existen tráficos ilícitos, delincuencia y trata de seres humanos. “Cada día, personas vulnerables, en particular niños y minusválidos, son trasladados de estos campos a los centros de ciudades para dedicarse a la mendicidad, a la prostitución y a la delincuencia en general, bajo coacción. Cada día la policia prende a menores multireincidentes. Todas estas acutaciones proceden de organizaciones cada vez más estructuradas y cada vez más violentas, como lo recordaba ayer el Ministro de Interior” (8).

 

La confrontación entre los argumentos y los textos

La expulsion, como lo recuerda la Comisión europea, debe decidirse sobre la base de un examen individual de los casos y de manera “proporcionada”. Se puede dudar que estos requisitos esten respetados cuando el Gobierno fija por anticipo una cifra de expulsiones como objetivo.

Y de hecho, un tribunal administrativo francés (el Tribunal de Lille en la region Norte) canceló decisiones de expulsión, por los motivos siguientes: la ley francesa permite expulsar a un ciudadano comunitario presente desde menos de 3 meses en Francia si su comportamiento “constituyó una amenaza para el orden público” (9). Pero el Derecho comunitario, cuyo derecho francés debe garantizar la transposición, precisa que “la conducta de la persona concernida debe constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad” (artículo 27 de la Directiva 2004/38 de 29 de abril de 2004). El juez dictamina que no es el caso en el asunto al origen del juicio. Considera que la ocupación ilegal de un terreno “no constituía por sí misma, habida cuenta de la ausencia de circunstancias particulares, una amenaza suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad y no podía por lo tanto considerarse como una amenaza para el orden público". Es interesante observar que el juez se fundó en el Derecho comunitario e hizo hincapié en el derecho de residencia para desestimar la alegación de violación del derecho de propiedad. Unos días más tarde, se cancelaron otras decisiones de expulsión por los mismos motivos.

La imagen del Gobierno francés empeoró aún mas al publicarse una circular directiva del Ministro de Interior donde se recordaban los objetivos de evacuación de los campos ilícitos y que señalaba claramente los campos de romanis (10).

El daño es juridico en primer lugar ya que, al centrarse en un grupo particular de personas se puede afirmar que la circular viola la prohibición de las discriminaciones basadas en la nacionalidad, el origen racial o étnico

El daño es tambien político. Disgustada de haber sido engañada por los representantes franceses que habían callado la existencia de la circular, la Comisión Europea reaccionó sin demasiada diplomacia. Viviane Reding, Vicepresidenta y comisaria de Justicia declaró el 14/09/2010 : “Lamento profundamente que las garantías dadas por dos Ministros franceses acreditados oficialmente para hablar de de esta cuestión con la Comisión Europea, sean hoy abiertamente desmentidas por una circular de este mismo Gobierno”. Difícil no estar de acuerdo con esas palabras. Pero “afortunadamente” para el Gobierno francés, la Comisaria aventuró su credibilidad acusando el gobierno francés de ressustitar las horas negras de la segunda Guerra Mundial, comparando las expulsiones con las deportaciones de judios (11). Ante ese descargo de acusaciones excesivas, fué facil para el Presidente francés tomar el papel de la virtud ofendida y pedir la solidaridad de los otros Estados para condenar las “observaciones abusivas” de la Comisión e intentar de hacerla callar. Desafortunadamente para el, el apoyo de los 26 fue más bien "tibio" excepto el de Silvio Berlusconi.

 

Responsabilidades eludidas

¿Tal vez hubiera sido necesario plantear la cuestión de los romanis con más atención cuando se negoció la adhesion de Rumania ? Bien se sabía en efecto que existían problemas de violaciones de los derechos de las minorías, en particular, en este país (sin hablar de los otros problemas). Lo que nos conduce a interogarnos sobre el respeto de los criterios de entrada en la UE. En su comunicado de 25 de agosto, la Comisión recuerda a menudo y con razón, en este caso, que la UE no solo es un mercado pero tambien una comunidad de valores. Pero sería más facil creerla si dichos "valores" eran defendidos con más afán y si no se los olivadaba a menudo por razones de oportunismo político (en este caso, la política de ampliación de la UE) o ideológicas (el dogma actual del libre cambio). Ahora bien, las violaciones de los derechos de las minorías en Rumania, en particular, no solo existían en en el momento de la ampliación, sino que siguen existiendo segun los informes de las organizaciones de defensa de derechos humanos (12).

En cuanto al Gobierno francés, además de recordar los incumplimentos de Rumania y Bulgaria a sus deberes, destaca con mucha razon que el problema de los romanis es un problema europeo, que debe regularse, pués, al nivel de la UE. Sin embargo, su defensa tampoco logra convencer. Francia no forma parte de la red euromanet lo que bastante demuestra su poco de interés por la cuestión de la inclusión de los Romanis.

Quizás su posición se justifique de un punto de vista jurídico (no siempre es el caso, como lo demuestran las sentencias del tribunal de Lille). Está claro que el papel del Gobierno es de ser garante del orden público. Pero queda por observar que el derecho y la moral son conceptos diferentes. ¿Suponiendo que las normas jurídicas estén respetadas, puede uno considerar commo moral de utilizar una minoría como cabeza de turco y de convertirla en punto de mira de de todos los rencores, miedos y frustraciones de la sociedad? Por ultimo, de un punto de vista puramente pragmático y materialista, se puede sin riesgo de equivocación afirmar que la eficacia de las medidas es nula : ¿que impide los romanis expulsados de volver una vez obtenidas las ayudas? Lo mismo tirar el dinero por las ventanas.

Moralmente inaceptable, ineficaz y costosa, tal es al final la política francesa de expulsión de esos ciudadanos europeos que son los romanis.

Por su parte, la Comisión europea afirma su voluntad de seguir adelante y ha anunciado el 29/09/2010 el envío de una solicitud de información al Gobierno francés. Si este no contesta de forma satisfactoria a mas tardar le 5 de octubre la Comisión abrirá un procedimiento de infracción. Solo cumple con su papel de garante de la aplicación del Derecho comunitario...con todo respeto al Gobierno francés.

30/09/2010

 

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7 - Artículo 27 Principios generales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas razones no podrán alegarse con fines económicos. 2. Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.

La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general.

3. Para comprobar si el interesado constituye un peligro para el orden público o la seguridad pública, en el momento de expedirse el certificado de registro o, a falta de un sistema de registro, a más tardar tres meses después de su entrada en el territorio o a partir de la fecha de la notificación de su presencia en el territorio, tal como se establece en el apartado 5 del artículo 5, o en el momento de expedirse la tarjeta de residencia, el Estado miembro de acogida podrá, cuando lo juzgue indispensable, pedir al Estado miembro de origen y, en su caso, a otros Estados miembros información sobre los eventuales antecedentes penales de un interesado. Esta consulta no podrá tener carácter sistemático. El Estado miembro consultado deberá hacer llegar su respuesta en el plazo de dos meses.

4. El Estado miembro que haya expedido el pasaporte o documento de identidad recibirá sin trámite alguno en su territorio al titular de dicho documento que haya sido expulsado por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, aun cuando el documento haya expirado o se haya impugnado la nacionalidad del titular.

8 - Rencontre d’Eric BESSON et de Pierre LELLOUCHE avec la Commission européenne, le 31 août 2010

9 - TA de Lille, audience du 27/08/2010

10 - Se puede leer, por ejemplo, en la circular: “300 campamentos o implantaciones ilícitos deberán evacuarse…en prioridad los de los Romanis » Ante las protestas suscitadas por este texto cuando se hizó público, el Ministro de Interior lo retiró para sustituirlo por un nuevo texto menos polemico ya que no se refiere a una poblacion o etnia determinada (Circular de 13 de septiembre de 2010)

11 – En una entrevista en la RTBF del mismo día, la Comisaria había comparado la política francesa de expulsiones de romanis con la del regimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial

12 - Amnesty international: La Roumanie doit mettre fin aux expulsions forcées de familles roms, 26 janvier 2010